Cualquier informe médico de un paciente, así como cualquier dato que se haya recogido en virtud de su calidad de paciente, es una información confidencial, bajo la ley de protección de datos.

Todas estas informaciones, datos, etc., son propiedad del paciente, y permanecen bajo la custodia de los médicos, hospitales, entidades, etc., donde él haya sido tratado.

Solamente el paciente o sus representantes legales pueden solicitar esta información.

Si alguien (médicos, administrativos... ) facilitase la difusión de los datos incluiría en un grave delito, con sanciones económicas muy altas e inhabilitación profesional. Quien insista para obtener los datos, puede ser acusado de incitación a delito.

Sin tener esta calidad (paciente o representante), solamente un juez puede solicitar estos datos, normalmente en casos en que se conozca o sospeche algún delito, o en casos de litigio civil, que requiriera disponer al juez de la información médica (o siquiera relacionada, como por ejemplo la constatación de que la persona fue visitada).

Otra situación en que el juez demanda estos datos es cuando se incoa un procedimiento de incapacitación, lo cual puede iniciar únicamente el ministerio fiscal, generalmente a instancias de familiares, personas interesadas o fuerzas del orden, etc.

O sea que, si la persona está incapacitada legalmente, los informes pueden ser solicitados (además de por un juez) por el tutor que se haya designado en el proceso en el que se demostró la incapacidad.

Por nadie más. Quien facilitare estos datos a receptores improcedentes sería perseguido de oficio como autor de un delito grave.

Consulten a un abogado serio y comprueben su situación en este caso

Gabinete Dr. Romeu y Asociados